Unidad Popular ha denunciado una persecución política por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, acusando al organismo de intentar ilegalizar su movimiento y desconocer las afiliaciones de 175,000 ciudadanos. Esta situación se ha agravado en un contexto electoral tenso, donde el CNE ha convocado a una sesión que podría afectar gravemente la participación de Unidad Popular en futuras elecciones.
El subdirector nacional de Unidad Popular, Sebastián Cevallos, cuestionó la validez de la información que el CNE pretende aprobar, indicando que no ha sido firmada por el director jurídico. Además, denunció una campaña de amedrentamiento dirigido a las alcaldías de grandes ciudades. En respuesta, Unidad Popular ha planificado una manifestación nacional para el 1 de abril para defender su derecho a participar en las elecciones de 2027.
