La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos que priva a las personas de su libertad y oculta su paradero. En Ecuador, este problema ha persistido desde 1984, como se documenta en casos emblemáticos que revelan la responsabilidad de agentes estatales. La Comisión de la Verdad ha registrado al menos 17 casos entre 1984 y 2008, vinculado con estructuras estatales.
La Constitución de 2008 prohíbe la desaparición forzada y establece la obligación del Estado de garantizar justicia y reparación a las víctimas. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones es parcial, y muchas familias aún buscan justicia y reconocimiento. A más de 40 años de estos eventos, aún se necesita honrar la memoria de las víctimas y asegurar el respeto a sus derechos.
