La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Extradición, que desarrolla la reforma constitucional respaldada en la consulta popular de abril de 2024. La norma permite entregar a ecuatorianos y extranjeros si el delito también existe en ambos países y tiene una pena mínima de un año. No establece un listado cerrado de delitos, sino criterios generales para evaluar cada solicitud internacional.
La ley apunta sobre todo a narcotráfico, lavado de activos, delincuencia organizada y tráfico internacional de armas. También excluye la protección por delito político para terrorismo y lesa humanidad. Ecuador podrá negar extradiciones si hay riesgo de pena de muerte, tortura o persecución por motivos protegidos. Los ecuatorianos solo podrán ser extraditados por hechos cometidos desde el 9 de mayo de 2024.
