La Asamblea Nacional de Ecuador avanza en un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes recluten o utilicen a menores en actividades ligadas al crimen organizado. La iniciativa, impulsada por Valentina Centeno, propone una reforma integral de diez cuerpos legales para prevenir, sancionar y erradicar este delito en medio del aumento de la violencia.
Entre las medidas previstas destacan el aumento de penas en el COIP, que podrían pasar de diez a trece años a un rango de 22 a 26 años, además de acciones preventivas como bloqueo de contenido digital y fortalecimiento de las Juntas Cantonales de Protección. Aunque expertos valoran la respuesta estatal, advierten que el problema requiere políticas sociales más amplias.
