Balaceras en Ibarra, Guayaquil y Santa Elena evidencian una expansión de la violencia armada en varias ciudades del país. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 3 485 homicidios intencionales, una caída de 24% frente al mismo período de 2025, aunque persisten 231 738 robos y una fuerte presencia de bandas criminales.
Entre el 3 y el 18 de mayo, el Gobierno aplicó toque de queda en zonas priorizadas y ejecutó 56 operativos contra estructuras criminales. Hubo 717 aprehensiones vinculadas a organizaciones delictivas, además de decomisos de armas, droga y combustible. Daniel Noboa firmó luego el Decreto Ejecutivo 424, que reconoce un conflicto armado interno y habilita cooperación internacional.
