El gobierno ecuatoriano mantiene estados de excepción en varias provincias y amplió su estrategia de seguridad con el reconocimiento de un conflicto armado interno. También reforzó la coordinación con Estados Unidos para enfrentar a los grupos delictivos organizados. Las medidas incluyen mayor presencia militar, respaldo legal para operativos y acciones orientadas a contener la violencia criminal persistente.
En la Asamblea Nacional avanza un proyecto de ley antimafia impulsado por la bancada oficialista. La propuesta busca herramientas adicionales para perseguir redes criminales y su influencia en instituciones públicas. El debate ocurre en medio de críticas a la eficacia del modelo de seguridad vigente, mientras los homicidios y la inseguridad siguen entre las principales preocupaciones en Ecuador.
