En Ecuador, las terapias de conversión siguen operando pese a estar prohibidas desde 2012. Un testimonio describe secuestro, aislamiento, insultos y cobros mensuales en un centro que se presentaba como fundación para tratar adicciones. La denuncia revela métodos violentos promocionados en redes sociales y la persistencia de espacios clandestinos contra personas LGBTIQ+.
La normativa vigente castiga estas prácticas como tortura con penas de 10 a 13 años, pero la fiscalización sigue débil. Organizaciones de derechos humanos advierten estancamiento en la protección LGBTIQ+, falta de registros de crímenes de odio y escasa inclusión en el sistema de salud. El caso impulsa nuevas denuncias ante Fiscalía.
