
El Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior acordaron desplegar hasta 200 policías en juzgados, complejos judiciales, la Corte Nacional de Justicia y otras dependencias de Ecuador. El refuerzo protegerá a jueces, fiscales, servidores judiciales y usuarios en zonas de alto riesgo, con asignación basada en informes de amenaza y capacidad operativa.
La medida responde a amenazas recientes contra operadores de justicia y al hallazgo de un artefacto explosivo en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito el 24 de junio. El convenio tendrá vigencia inicial de tres años y prevé evaluaciones semestrales para ajustar el número de agentes según la evolución del riesgo criminal.