El Consejo de la Judicatura declaró una emergencia por un déficit de 735 jueces y acelerará nombramientos temporales por 33 días, mientras las direcciones provinciales definirán vacantes, perfiles y prioridades. Luego prevé concursos públicos para jueces titulares. La medida busca destrabar causas acumuladas y mejorar el acceso a la justicia en Ecuador, con traslado provisional de magistrados entre jurisdicciones.
El anuncio genera sospechas por posibles influencias políticas y del crimen organizado en la selección de jueces. La presidencia de Mercedes Caicedo, llegada con respaldo del Gobierno, reaviva temores sobre control del Ejecutivo en la justicia. Aunque la medida se considera necesaria, solo tendría legitimidad con criterios técnicos, transparencia, veeduría ciudadana e internacional y un rápido concurso definitivo.
