La cercanía de algunos empresarios con el poder político expone una normalización del autoritarismo en nombre de la estabilidad económica. Estrategias de entorno y comunicación corporativa priorizan intereses privados, minimizan el deterioro institucional y relativizan ataques a la libertad de expresión, la independencia judicial y la seguridad jurídica. Esa postura convierte la democracia en un costo negociable.
El miedo a sanciones, presiones regulatorias y exclusión de espacios de influencia empuja a sectores empresariales a aceptar silencios convenientes. La lógica de adaptarse para conservar consumo e inversión termina debilitando el clima de negocios. Sin Estado de derecho, la presión sobre medios, jueces y reguladores erosiona la confianza y compromete el futuro económico del país.
