Más de un millón de extranjeros solicitaron regularizar su situación en España antes del cierre del plazo del plan extraordinario impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez. El procedimiento exigía acreditar al menos cinco meses de residencia y no tener antecedentes penales. Las autoridades tienen tres meses para resolver cada expediente y conceder, o no, permisos de residencia y trabajo válidos solo en territorio español.
Sánchez defendió la medida como una política legal, segura y ordenada, orientada a sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas y a cubrir déficits de contratación en sectores clave. También sostuvo que la inmigración sostiene el Estado del bienestar y ayuda a enfrentar el envejecimiento poblacional. Calculó que, sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050.
