El presidente Daniel Noboa ha decretado un nuevo estado de excepción el 1 de abril de 2026 en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador, buscando controlar la violencia y el crimen organizado. Este decreto se basa en informes que evidencian un alarmante incremento de delitos, como asesinatos selectivos, extorsiones y narcotráfico, en zonas específicas del país.
El estado de excepción permitirá la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, se podrá realizar allanamientos, y se limitará la inviolabilidad de los domicilios y correspondencias. Con una duración inicial de 60 días, se busca proteger a las instituciones estatales y enfrentar la violencia estructural que desafía la capacidad del régimen ordinario en Ecuador.
