Ecuador cumple cerca de catorce meses sin un Fiscal General titular y la institución continúa dirigida por una cadena de subrogantes. Diana Salazar terminó su período en abril de 2025 y salió del país en mayo. Desde entonces, Carlos Alarcón ocupa el despacho tras otras renuncias y reemplazos, en una sucesión que convirtió la excepción en norma y debilitó la conducción institucional.
La gestión actual enfrenta críticas por casos sin resolver y por limitaciones operativas. Alarcón reconoció ante la Asamblea que la Fiscalía trabaja con 870 agentes fiscales y requeriría 631 más para reforzar su capacidad. La demora en designar una autoridad definitiva refleja una fragilidad estructural que no se resuelve solo con un relevo, sino con independencia, estabilidad y recursos suficientes.
