La Fiscalía abrió una investigación por presunto lavado de activos vinculado al supuesto manejo irregular de la campaña de 2023 de Luisa González. El caso volvió a poner bajo presión el origen de los fondos usados en campañas electorales y reavivó las dudas sobre la transparencia del financiamiento político en Ecuador, en medio del debate sobre controles insuficientes.
El Código de la Democracia prohíbe recursos ilícitos o de fuentes no autorizadas, pero el control del CNE no basta si se limita a revisar documentos después de la campaña. El planteamiento exige rastrear el dinero a tiempo, contrastar información y extender la fiscalización a la Contraloría y a todas las organizaciones políticas, sin distinciones ni excepciones.
