La Fiscalía General del Estado pidió al tribunal que declare culpable al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otros procesados dentro del caso Triple A. La acusación sostiene que existió una red dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos, con intervención directa en la gestión, coordinación, declaración, pago y aprovechamiento económico de combustibles subsidiados.
En su alegato final, la entidad afirmó que los beneficios obtenidos provinieron de un subsidio estatal creado para favorecer a la población ecuatoriana y no a grupos empresariales particulares. Además, solicitó la disolución de seis empresas investigadas, al considerar que habrían participado en la estructura que desvió diésel subsidiado en distintos segmentos del mercado.
