El Concejo Municipal de Guayaquil ha expresado su rechazo a la intervención del Gobierno Nacional en la Empresa Pública Municipal Segura EP, argumentando que esta acción compromete la autonomía municipal. Los ediles han calificado la toma de instalaciones como un hostigamiento institucional que podría poner en riesgo programas sociales vitales para miles de ciudadanos. En medio de un ambiente de tensión política, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, presidió la sesión del consejo, donde se discutieron las implicaciones de la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Los concejales han criticado la intervención, argumentando que el Municipio maneja efectivamente la seguridad sin competencia estatal y subrayando que la acción del Gobierno ignora la realidad local y la autonomía correspondiente. Alfredo Bautista y Arturo Escala, concejales de la ciudad, han llamado a la unidad nacional frente a lo que consideran una vulneración constitucional de la autonomía municipal. Las tensiones se intensifican debido a la reforma que obliga a los GADs a destinar un 70% del presupuesto a inversión y obra pública, lo cual afecta seriamente el eje social de Guayaquil.
El debate se ha intensificado al cuestionar la falta de consulta a los gobiernos locales por parte del presidente Daniel Noboa, quien ha sido criticado por sus comentarios sobre el alcalde de Guayaquil. La intervención también ha llevado a manifestaciones en Quito, destacando el descontento de padres, docentes y gestores culturales sobre los recortes en educación y servicios sociales. Este contexto resalta un punto de inflexión en las relaciones entre el gobierno central y los municipios, evidenciando la lucha por la autonomía y la inversión social.
