La Asociación de Servidores Penitenciarios presentó una acción de protección contra el Estado por presuntas vulneraciones laborales de guías penitenciarios. La audiencia quedó fijada para el 7 de agosto de 2026. El reclamo incluye pagos pendientes desde 2019, aplicación de bandas salariales, jornadas superiores a 12 horas y traslados sin estudios técnicos que consideren la situación familiar.
La demanda también busca que se cumplan disposiciones judiciales previas, como atención psicológica y médica, revisión de jornadas y traslados basados en informes técnicos. La organización sostiene que el objetivo no es solo económico, sino establecer reglas claras y mejores condiciones laborales. Afirma que el SNAI y el Estado han incumplido fallos favorables anteriores.
