El Consejo de la Judicatura presentó un informe sobre la violencia contra operadores de justicia e infraestructura judicial entre enero de 2024 y mayo de 2026. El reporte registra 156 eventos de seguridad, principalmente amenazas directas y falsas alarmas de bomba. También incluye atentados contra servidores judiciales y daños o ataques a instalaciones del sistema judicial.
Guayas concentra la mayor cantidad de amenazas, mientras otras provincias como El Oro, Santa Elena y Esmeraldas muestran episodios graves, incluidos sicariatos y ataques armados. La Judicatura atribuye la crisis a fallas de seguridad, presupuesto limitado y escasez de custodios. Como respuesta, impulsa mesas técnicas y convenios para reforzar la protección y presencia policial.
