La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad investigar presuntas irregularidades en el manejo de los sistemas de videovigilancia de Guayaquil, con 143 votos a favor. La decisión surge tras denuncias y audios que apuntan al posible uso de recursos públicos para seguimiento político, en lugar de fines de seguridad ciudadana, y abre un examen sobre controles, acceso a datos y responsabilidades institucionales.
La pesquisa busca revisar documentación, convocar autoridades y analizar protocolos de acceso a los sistemas involucrados. También se prevé la participación de la Contraloría y la Fiscalía. El caso reaviva el debate sobre los límites entre seguridad y privacidad, y sobre el riesgo de usar infraestructura estatal para influir en la competencia política o intimidar a opositores.
