El Parlamento de Israel aprobó una reforma legal que establece la pena de muerte por horca para quienes sean condenados por asesinato terrorista. Esta legislación, impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, permitirá que los tribunales militares impongan esta pena a los palestinos en Cisjordania, generando intensas críticas de grupos de derechos humanos.
La nueva medida ha suscitado controversia, pues muchos argumentan que es inconstitucional y discriminatoria. Los ministros de Exteriores de varios países europeos y la ONU han expresado su rechazo a la legislación, advirtiendo sobre violaciones al derecho internacional. Este cambio en la política penal de Israel plantea serias preocupaciones respecto al trato que se ofrece a los derechos humanos en el país.
