La jueza Raquel Maza ordenó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de Fenocin, dentro de una investigación por las movilizaciones ocurridas entre septiembre y octubre de 2025 en Imbabura. La Fiscalía lo procesa por una presunta paralización de servicios públicos, con base en el artículo 346 del COIP, que sanciona impedir o entorpecer la prestación de un servicio público.
La medida abre un nuevo frente judicial en el debate sobre el alcance penal de las protestas sociales en Ecuador. La decisión fue rechazada por la UNE, que cuestionó la independencia del proceso y habló de criminalización de dirigentes críticos al Gobierno de Daniel Noboa. Hasta la publicación no existía un pronunciamiento oficial de Perugachi.
