Keiko Fujimori juró como presidenta de Perú para el período 2026-2031 con la promesa de frenar la delincuencia organizada que golpea al país. En su primer día, presentó una agenda de mano dura que incluye allanamientos en zonas peligrosas, deportación de extranjeros indocumentados y tribunales anónimos para juzgar a mafias. La ceremonia fue en el Congreso y marcó el retorno del fujimorismo al poder.
La asunción ocurre en medio de una crisis de seguridad que elevó las denuncias por extorsión de 3.200 a 26.500 y los homicidios por encima de 2.600 en 2025. Su gobierno también enfrenta rechazo en el Congreso, donde legisladores de izquierda protestaron al retirarse del hemiciclo, y presión por su propuesta de retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
