La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanza con el proceso de control político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía. El trámite se centra en su presunta responsabilidad por las contrataciones y desembolsos vinculados con Progen y ATM, casos que generaron cuestionamientos por los problemas eléctricos registrados durante su gestión.
Mientras el oficialismo intenta separar la responsabilidad política de la penal, el debate se concentra en si Manzano debía responder por decisiones tomadas bajo su administración. La Fiscalía investiga las contrataciones y pagos a las empresas señaladas, mientras el bloque de ADN ha intentado frenar o dilatar el juicio político en etapas anteriores.
