La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han entregado un total de 165 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta acción busca proteger los servicios sociales y culturales que se brindan a la ciudadanía, aludiendo a razones técnicas que argumentan la inconstitucionalidad de las reformas. Los concejales afirmaron que la implementación de estas normas afecta la seguridad jurídica y la generalidad en la aplicación de reglas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El movimiento social ha sido respaldado por 23 demandas de inconstitucionalidad, alegando que las reformas afectan significativamente los presupuestos destinados a programas culturales y sociales. Las organizaciones que apoyan esta iniciativa han manifestado su preocupación por la eliminación de partidas vitales que son fundamentales para el desarrollo comunitario. Este embate legal ha apelado a la necesidad de salvaguardar derechos adquiridos por la ciudadanía quiteña.
La respuesta de los sectores sociales ha sido contundente y ha reunido el respaldo de numerosas entidades, incluyendo el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha. Entre los firmantes se destacan agrupaciones educacionales, culturales y sociales que consideran estas reformas como un ataque a los derechos de los ciudadanos. La tensión en la discusión sobre estas reformas continúa, y se espera que las autoridades revisen las implicaciones de dichos cambios en la administración local.
