La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui, han presentado más de 160 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas medidas buscan salvaguardar los servicios sociales y culturales de la ciudad, que, según los funcionarios, son derechos adquiridos de los ciudadanos. El concejal menciona tres razones clave para esta acción: la generalidad de la aplicación de la reforma, la retroactividad de los presupuestos y la necesidad de seguridad jurídica para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Las reformas, aprobadas el 29 de febrero, han generado una movilización social en defensa de los programas culturales y sociales ofrecidos por los GAD, cuya financiación se vería afectada significativamente. Hasta la fecha, se han presentado 23 demandas de inconstitucionalidad, las cuales incluyen el respaldo de 165 amicus curiae que aportan argumentos técnicos sobre la relevancia de mantener estas asignaciones presupuestarias. Estas acciones están impulsadas por la preocupación por el eventual impacto negativo en el desarrollo social de la población.
A nivel organizativo, la demanda del Municipio de Quito cuenta con el apoyo de 145 entidades, que incluyen asociaciones educativas y culturales, además de grupos sociales y ciudadanos individuales. La Prefectura de Pichincha también ha presentado su propia demanda, respaldada por 20 amicus curiae. Este esfuerzo colectivo refleja una resistencia significativa a los cambios legislativos que se consideran perjudiciales para las iniciativas comunitarias y el bienestar de los quiteños.
