El Gobierno ecuatoriano ha decidido modernizar el Palacio de Carondelet sin comprometer recursos públicos, buscando preservar un inmueble histórico sin impacto fiscal. La restauración se llevará a cabo mediante financiamiento privado, con empresas contribuyendo de forma voluntaria para cubrir los costos de las obras. Este enfoque reflejará una mayor responsabilidad en el uso de los recursos estatales.
Además, la administración ha cancelado todos los procesos de contratación pública relacionados con la mejora del edificio, garantizando que no haya erogaciones directas del Estado. Este mecanismo busca asegurar la transparencia y reducir el impacto presupuestario de la obra, priorizando el mantenimiento del patrimonio institucional del país y evitando gastos públicos innecesarios.
