El Municipio de Guayaquil ha calificado de ilegal y antijurídica la reciente resolución de la Asamblea Nacional, que inicia un proceso de fiscalización sobre la gestión del agua y los residuos en la ciudad. César Poveda Valdivieso, coordinador general jurídico del Municipio, acusó a la Asamblea de intentar utilizar la justicia para perseguir al alcalde Aquiles Alvarez, quien se ha manifestado en contra de esta acción. Poveda destacó que la única entidad con poder de fiscalización sobre el Municipio es el Concejo Municipal, y que cualquier acción por parte de la Asamblea altera el orden constitucional.
La resolución, que aprobó 77 votos a favor, también exige a la Contraloría General del Estado realizar exámenes especiales a Interagua y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP), además de requerir informes trimestrales detallados. Poveda defiende la calidad del agua potable en Guayaquil, presentando certificados técnicos que respaldan la inocuidad del agua distribuida. Sin embargo, la controversia ha aumentado debido a informes de contaminación en el río Daule y episodios de descargas sin tratamiento adecuadas.
A medida que se desarrolla este conflicto, Poveda advirtió que el ataque a Guayaquil forma parte de un patrón político dirigido a gobiernos no alineados con el poder central. La situación ha generado reacciones divididas en la ciudadanía y observadores anticipan resoluciones judiciales que podrían aclarar si la acción de la Asamblea es constitucional. Mientras tanto, el Municipio avanza en el desarrollo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Merinos, con un 71% de avance en la construcción, lo que se presenta como una solución a los problemas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad.
