La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el 21 de julio de 2026 el proceso para reformar la Constitución y otras leyes con el objetivo de impedir que la oposición vuelva a disputar el poder. El Parlamento, controlado por el FSLN, trabajará junto al Consejo Supremo Electoral para definir los cambios legales que respalden la medida anunciada por Daniel Ortega.
El anuncio llega tras el mensaje del 19 de julio, cuando Ortega dijo que en Nicaragua no volverá a haber elecciones que lleven a la oposición al Gobierno y ordenó levantar un muro de leyes para frenarla. La decisión aumenta la presión sobre unos comicios presidenciales previstos para 2027, luego del aplazamiento aprobado en 2025.
