El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 328 el 12 de marzo de 2026, ordenando al Centro Nacional de Inteligencia que emita alertas sobre contrataciones públicas. Este decreto tiene como objetivo identificar riesgos asociados con personas y empresas que participen en procesos de contratación, especialmente aquellos con información clasificada. Se requiere el análisis de posibles vínculos con actividades ilícitas.
Además, se establece que los ministerios deben remitir información detallada sobre los participantes en los procesos de contratación al Centro Nacional de Inteligencia antes de adjudicar contratos. La medida busca prevenir amenazas a la seguridad del Estado y asegurar la integridad de los procesos de contratación. El decreto también incluye coordinación con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para obtener datos relevantes.
