El Gobierno de Daniel Noboa volvió a poner sobre la mesa la castración química para violadores y busca llevarla a una eventual consulta popular. La propuesta ya choca con el antecedente de la Corte Constitucional, que el año pasado advirtió que la vía planteada no superaba el filtro jurídico por falta de sustento sobre su eficacia.
El máximo órgano constitucional cuestionó que el Ejecutivo no demostrara con evidencia científica suficiente que reducir la libido disminuya la reincidencia, ni explicara cómo se aplicaría el tratamiento. Juristas consultados señalan que el nuevo intento deberá definir si es pena o medida de seguridad, además de resolver costos, obligatoriedad y control de su ejecución.
