En Quito, la vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui han participado en la presentación de más de 160 amicus curiae y 23 demandas legales contra las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas acciones tienen como objetivo proteger los servicios sociales y culturales que reciben los ciudadanos, argumentando la necesidad de mantener la generalidad y la seguridad jurídica en la aplicación de las normas.
El concejal Uzcátegui destacó tres razones técnicas en oposición a las reformas: la aplicación de una regla de forma general a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que no se aplica al Gobierno Central, la retroactividad de los presupuestos ya aprobados para el presente año, y la necesidad de asegurar la claridad jurídica para los GAD en la elaboración de sus presupuestos. La vicealcaldesa enfatizó la importancia de defender los derechos adquiridos por los ciudadanos quiteños en relación a los servicios ofrecidos.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, diversos grupos sociales han manifestado su apoyo a la defensa de programas culturales y sociales que podrían verse afectados. La demanda presentada por el Municipio de Quito ha recibido respaldo de 145 organizaciones, mientras que la Prefectura de Pichincha ha sumado 20 amicus curiae a su propia demanda. Estas colaboraciones simbólicamente ponen de relieve la preocupación respecto al potencial impacto negativo que podrían tener las reformas en el acceso a servicios esenciales para la comunidad.
