Más de 160 amicus curiae y 23 demandas han sido presentadas en Quito, en un esfuerzo por proteger los servicios sociales y culturales que se verían afectados por las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui participaron en la entrega de estos documentos legales, destacando la relevancia de mantener la seguridad jurídica y la equidad en la aplicación de normas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La situación se ha generado tras la aprobación de reformas en febrero que eliminarían partidas presupuestarias esenciales para programas comunitarios.
El concejal Uzcátegui argumentó que estas reformas podrían afectar negativamente a las entidades locales al establecer reglas que no se aplican a nivel central. Resaltó la importancia de garantizar que todos los GAD puedan planificar sus presupuestos sin temor a la retroactividad normativa. Por su parte, la vicealcaldesa enfatizó que los derechos sociales de los ciudadanos quiteños son fundamentales, por lo que se comprometen a defenderlos frente a los cambios legislativos que pudieran ponerlos en riesgo.
La movilización social ha crecido en Quito en respuesta a estas reformas y su posible impacto en los programas de desarrollo, educación y cultura de la ciudad. Con el respaldo de 145 organizaciones, se han presentado argumentos técnicos que abogan por la relevancia de las partidas presupuestarias que permiten el acceso a servicios indispensables para la ciudadanía. Además, se ha registrado el apoyo de diversas agrupaciones y personalidades que se alinean en la defensa de los derechos adquiridos para asegurar que estos servicios continúen disponibles.
