En un esfuerzo por salvaguardar los servicios sociales y culturales en Quito, la vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado más de 160 amicus curiae y 23 demandas de inconstitucionalidad en respuesta a las reformas recientes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La intención de estas acciones es garantizar la continuidad de los servicios que los ciudadanos han venido recibiendo.
El concejal Uzcátegui destacó tres razones técnicas para su oposición: la generalidad de la aplicación de la regla que afecta solo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la retroactividad que impacta los presupuestos aprobados de este año, y la necesidad de seguridad jurídica para que los GAD puedan planificar adecuadamente sus presupuestos. La vicealcaldesa enfatizó que se busca proteger derechos adquiridos por los ciudadanos quiteños.
Las movilizaciones sociales han crecido desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, pues estas eliminan partidas presupuestarias vitales para programas culturales y sociales. Con el respaldo de 145 organizaciones, las demandas y amicus curiae presentan argumentos técnicos sobre la importancia de estos fondos para el desarrollo ciudadano, lo que refleja una movilización significativa por parte de la sociedad civil en defensa de sus derechos.
