Una notificación técnica de un gigante tecnológico alertó sobre intentos de vulneración en dispositivos de figuras públicas ecuatorianas. La advertencia dejó de ser una sospecha en redes y pasó a considerarse evidencia formal de intrusión con software de cibervigilancia de grado militar, lo que elevó el escrutinio sobre la protección de la privacidad en el país.
Frente a ese escenario, se exige que la Asamblea Nacional reabra la fiscalización archivada, que el Ejecutivo transparente si existen contratos con empresas desarrolladoras de software espía y que la Fiscalía General del Estado fije plazos para peritajes forenses. La presión institucional crece mientras persiste la duda sobre el alcance real de la vigilancia.
