La ONU ha intensificado la presión sobre Ecuador al cuestionar su política de seguridad. En un pronunciamiento del 19 de marzo de 2026, relatores de Naciones Unidas expresaron preocupaciones sobre la designación de grupos delictivos como ‘terroristas’ y la declaratoria de un ‘conflicto armado interno’. Afirmaron que esta clasificación puede llevar a violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza.
Expertos legales advirtieron que Ecuador no cumple con los criterios internacionales para tal condición. Además, criticaron la reciente Ley de Inteligencia por sus definiciones ambiguas, que podrían permitir acciones ilegales. Este escueto pronunciamiento no implica sanciones directas, pero representa un cambio en la narrativa y podría afectar la cooperación internacional, así como la imagen del país ante el mundo.
