El Tribunal del caso Triple A dictó el 8 de marzo de 2026 una orden de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Esta decisión se tomó debido a la manipulación del grillete electrónico que debía utilizar como medida cautelar mientras avanzaba el juicio por la comercialización ilegal de combustibles. La Fiscalía solicitó este cambio de medidas tras el incumplimiento del alcalde.
La orden de prisión busca garantizar la comparecencia de Álvarez en el proceso penal y responde a la necesidad de restablecer la autoridad judicial, ante la interpretación de su conducta como un desafío. Esta resolución tiene potencial para generar un impacto significativo en la administración municipal y en el contexto político de Guayaquil, en medio de tensiones institucionales crecientes.
