Un juez dictó prisión preventiva contra Roberto Cristóbal A., funcionario del área de mantenimiento del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, investigado por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía confirmó la medida tras allanamientos en Quito y otros inmuebles vinculados al caso, donde se incautaron teléfonos celulares y documentos relacionados con la supuesta red de corrupción.
Las autoridades sostienen que la estructura habría cobrado entre USD 1.000 y USD 10.000 por gestionar empleos, títulos académicos y otros beneficios dentro del sistema educativo. Según las investigaciones, el esquema operaba con intermediarios y movimientos económicos injustificados cercanos al millón de dólares, mientras otros dos trabajadores de la institución fueron aprehendidos para fines investigativos.
