En Quito, la vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui se unieron a la entrega de más de 165 amicus curiae en oposición a las reformas recientes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta acción busca proteger los servicios sociales y culturales que se brindan a los ciudadanos, los cuales podrían verse afectados por dichos cambios legislativos. Los funcionarios expresaron su compromiso de defender los derechos adquiridos por la población quiteña en este contexto.
Las reformas, aprobadas el 29 de febrero, han provocado una respuesta activa de los grupos sociales que consideran vitales los programas culturales y sociales que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ofrecen. Ante la posibilidad de que las partidas presupuestarias de estos programas sean eliminadas, se han presentado 23 demandas de inconstitucionalidad, respaldadas por los amicus curiae que argumentan la relevancia de mantener estas partidas para el desarrollo de la ciudadanía.
La demanda del Municipio de Quito cuenta con el respaldo de 145 organizaciones, entre ellas centros educativos y asociaciones culturales. De manera similar, la Prefectura de Pichincha ha presentado su propia demanda con el apoyo de 20 amicus curiae. Estas acciones ilustran un esfuerzo colectivo para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la ciudad y la protección de los derechos de sus habitantes.
