La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui, han presentado 165 ‘amicus curiae’ y 23 demandas de inconstitucionalidad en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El objetivo de estas acciones es proteger los servicios sociales y culturales que reciben los ciudadanos y asegurar la continuidad de los derechos que ya poseen.
Durante la exposición, el concejal Uzcátegui explicó las razones técnicas detrás de estas acciones legales, mencionando que las reformas implican una regla general que afecta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), algo que no se aplica al Gobierno Central. También hizo énfasis en la retroactividad de los cambios, ya que los presupuestos de este año ya estaban aprobados. Por su parte, Racines subrayó el compromiso de mantener los servicios que son considerados derechos adquiridos por la población.
Los ‘amicus curiae’ y las demandas se originan a raíz de la aprobación de reformas que eliminan las partidas presupuestarias dedicadas a programas culturales y sociales. Las movilizaciones por parte de grupos sociales han resaltado la importancia de estos programas para el desarrollo de la comunidad. La respuesta ha sido un amplio apoyo que incluye a diversas organizaciones, instituciones educativas y actores sociales que buscan proteger estos recursos vitales.
