La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han participado en la entrega de más de 160 amicus curiae y 23 demandas en oposición a las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas acciones buscan proteger los servicios sociales y culturales que son ofrecidos a los ciudadanos, argumentando que estas reformas afectarían negativamente a las comunidades. Los funcionarios consideran que las reformas aplican reglas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que no se exigen al Gobierno Central.
Uzcátegui destacó tres argumentos fundamentales para estas acciones legales: la generalidad de las nuevas regulaciones, la retroactividad en la aprobación de los presupuestos y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica para los GAD. Por su parte, Racines enfatizó que se busca asegurar la continuidad de los derechos adquiridos por los ciudadanos quiteños, defendiendo así los programas sociales y culturales que resultan vitales para la comunidad.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, grupos sociales han expresado su preocupación y han movilizado esfuerzos en defensa de los programas que recibirían recortes presupuestarios significativos. La demanda presentada por el Municipio de Quito ha sido respaldada por 145 organizaciones, que incluyen centros educativos y agrupaciones culturales. La Prefectura de Pichincha también ha presentado su propia demanda, acompañada de 20 amicus curiae, resaltando la amplia oposición a estas reformas y la importancia de preservar los espacios necesarios para el desarrollo de los ciudadanos.
