El Concejo Metropolitano de Quito ha aprobado iniciar acciones legales contra la Ley de los GAD, afirmando que esta normativa podría implicar un ajuste presupuestario de 459 millones de dólares para la ciudad, según el alcalde Pabel Muñoz. Este ajuste es necesario para acatar la reforma al Cootad, lo que podría afectar gravemente los servicios esenciales de educación, salud y programas sociales.
Durante la sesión, se expresó que la eliminación de ciertas partidas presupuestarias impactaría negativamente en la ejecución de obras y proyectos estratégicos. Con un presupuesto total de 1,042 millones de dólares proyectados para 2026, el alcalde y otros concejales instaron a defender la inversión en derechos y servicios públicos esenciales, destacando la urgencia de proteger estos recursos para el bienestar de la comunidad.
