El Concejo Metropolitano de Quito ha aprobado una reforma a la Contribución Especial por Mejoras (CEM) con el objetivo de facilitar un alivio económico para los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos. Esta normativa, considerada por el alcalde Pabel Muñoz como una de las más relevantes de su gestión, busca mejorar la equidad en el cobro por obras públicas mediante un sistema de distribución solidaria.
La reforma permite que el costo de las obras de presupuestos participativos se divida entre los beneficiarios directos, las parroquias y la administración municipal, lo que podría reducir significativamente el monto que cada individuo tiene que pagar. Anteriormente, un ciudadano podía enfrentar un costo de 500 dólares por la rehabilitación de una calle, monto que podría disminuir a 1 dólar debido a la nueva estructura de cobro.
Además, el alcalde destacó que, aunque los barrios más pobres seguirán contribuyendo, lo harán de manera más justa, beneficiándose de los recursos compartidos de la comunidad. La ordenanza no tiene efecto retroactivo, lo que significa que las obras ya en deuda continuarán el cobro anterior, aunque el plazo de pago se extenderá hasta 20 años para facilitar el cumplimiento de los pagos.
