Los alcaldes de Quito y Cuenca, junto con los prefectos de Pichincha y Azuay, expresaron su preocupación en una rueda de prensa sobre las posibles repercusiones de la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (COOTAD) para los grupos más vulnerables de la ciudadanía. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, destacó que la reforma podría limitar la asignación y uso de recursos públicos, impactando proyectos de vital importancia social, como salud, cultura y prevención de la violencia.
La propuesta establece un nuevo mecanismo que podría reducir significativamente las asignaciones presupuestarias para los municipios que no ejecuten al menos el 70% de su presupuesto en obras físicas. Este cambio podría derivar en una reducción del 21% al 15% del ingreso permanente para los municipios, dificultando su capacidad para desarrollar obras comunitarias y proyectos locales, con un fuerte impacto en la inversión social.
Los alcaldes y prefectos manifestaron su apoyo a una gestión más eficiente del gasto público, pero advirtieron que la reforma, tal como está planteada, puede tener efectos negativos severos. En este sentido, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, argumentó que la propuesta parece tener indicios de ilegalidad e inconstitucionalidad, solicitando su archivo, mientras que Paola Pabón, prefecta de Pichincha, alertó sobre el riesgo de que la reforma permita al Gobierno central ‘licuar’ una significativa deuda con los gobiernos locales.
