En Quito, se han presentado más de 160 amicus curiae y 23 demandas para impugnar las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui se unieron a la entrega de estos apoyos legales, argumentando que es necesario garantizar los servicios sociales y culturales que reciben los ciudadanos. Los ediles señalaron cuestiones técnicas relacionadas con la claridad, la retroactividad y la seguridad jurídica para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La entrega de estas demandas se produjo tras la aprobación de las reformas el 29 de febrero, lo que generó movilizaciones de grupos sociales en defensa de los programas sociales y culturales que podrían verse afectados. La eliminación de las partidas presupuestarias comprometidas con estos programas es una de las principales preocupaciones de los demandantes. Con un enfoque en proteger los derechos adquiridos, los funcionarios locales enfatizan la importancia de preservar estos servicios para los ciudadanos quiteños.
La demanda del Municipio de Quito cuenta con el apoyo de 145 organizaciones, incluyendo centros educativos y asociaciones barriales, que han presentado amicus curiae con argumentos técnicos sobre la relevancia de dichas partidas presupuestarias. Además, la Prefectura de Pichincha ha presentado su propia demanda, respaldada por 20 amicus curiae de varias organizaciones y figuras públicas. Este frente de defensa legal busca asegurar la continuidad de los servicios vitales que benefician a la comunidad.
