Las muertes en el transporte público de Quito han puesto de manifiesto la ineficacia de las sanciones y el cumplimiento normativo. Tras un siniestro que dejó dos fallecidos el 2 de abril de 2026, emergen cuestionamientos sobre la respuesta institucional. A pesar de las medidas adoptadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito, la percepción ciudadana es que los controles son insuficientes y tardíos.
El sistema de sanciones actual no cumple con su objetivo de disuasión. La falta de consecuencias contundentes para infractores parece perpetuar la siniestralidad. Se requiere un enfoque más riguroso que incluya el endurecimiento de las sanciones, así como la eliminación de conductores y operadoras que comprometan la seguridad vial. La situación exige una revisión profunda de las políticas públicas en este ámbito.
