Ecuador llega a las elecciones seccionales de 2026 con alcaldes procesados y organizaciones políticas suspendidas, en medio de alertas sobre la posible judicialización de los comicios. André Santos, director del tanque de pensamiento Firmes, sostiene que las acciones de control buscan frenar la penetración del crimen organizado en los gobiernos locales y evitar candidaturas vinculadas a esas estructuras.
El jurista defiende medidas cautelares antes de una sentencia y asegura que existen herramientas legales para actuar cuando hay investigaciones por lavado de activos o indicios de vínculos con bandas criminales. También menciona casos como Aquiles Álvarez y autoridades de Esmeraldas y Jipijapa, al advertir que el riesgo institucional está en la infiltración municipal y no solo en las suspensiones partidarias.
