La sociedad civil ecuatoriana muestra menor capacidad de protesta ante un clima marcado por miedo, desgaste y fragmentación. Académicos y actores sociales señalan que la prioridad otorgada a la seguridad reduce la defensa de libertades y derechos. Las críticas al poder se interpretan como obstáculos frente a la lucha contra la inseguridad y pierden respaldo.
También pesa la dispersión de agendas, la fatiga tras movilizaciones sin resultados y la debilidad de movimientos que antes articulaban demandas amplias. Organizaciones y fundaciones enfrentan dificultades para sostenerse e incidir en lo público. En paralelo, el deterioro institucional, las presiones sobre defensores y la intervención de actores públicos aumentan la cautela social.
