
El Consejo de la Judicatura de Ecuador aceptó la renuncia del juez Carlos Serrano, quien había denunciado presiones tras su participación en el caso Euro 2024. Esta decisión fue tomada casi tres meses después de que presentó su renuncia el 8 de diciembre de 2025. La falta de procesos pendientes permitió avanzar con la resolución en una sesión extraordinaria del consejo.
La renuncia de Serrano se produjo en el contexto de amenazas a su seguridad personal, incluyendo la colocación de un coche bomba cerca de su oficina. A raíz de sus denuncias, el sistema judicial dejó de ser seguro para él. La situación ha generado un fuerte debate sobre la independencia judicial y las presiones a las que se enfrentan los jueces en Ecuador.