La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, junto al concejal Emilio Uzcátegui, ha presentado una serie de amicus curiae y demandas en respuesta a las reformas aprobadas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Su objetivo es proteger los servicios sociales y culturales que ofrecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a los ciudadanos, afirmando la importancia de mantener los derechos adquiridos por la población quiteña.
Las reformas, que fueron aprobadas el 29 de febrero, han generado preocupación entre los grupos sociales, que consideran que los cambios eliminan partidas presupuestarias cruciales para el funcionamiento de programas culturales y sociales. A las 23 demandas de inconstitucionalidad presentadas se sumaron 165 amicus curiae que argumentan sobre la relevancia de mantener estos recursos y los efectos negativos que tendrían para el desarrollo comunitario si se eliminan.
El apoyo a la demanda del Municipio de Quito incluye a 145 organizaciones, incluyendo instituciones educativas, asociaciones barriales y grupos culturales, mostrando así un amplio respaldo comunitario. Del mismo modo, la demanda presentada por la Prefectura de Pichincha ha recogido 20 amicus curiae, sumando voces de diversos sectores de la sociedad que exigen la preservación de los programas que favorecen el bienestar de los ciudadanos.
