En Quito, la vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado más de 160 ‘amicus curiae’ en oposición a las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas medidas tienen como objetivo proteger y garantizar los servicios sociales y culturales que reciben los ciudadanos, los cuales podrían verse afectados por los cambios propuestos en la normativa.
Según el concejal Uzcátegui, las razones técnicas detrás de esta acción incluyen la generalidad de la regla aplicable a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la retroactividad en la aprobación de presupuestos y la necesidad de seguridad jurídica para que todas las entidades conozcan los lineamientos al aprobar sus presupuestos. La vicealcaldesa ha destacado la importancia de defender derechos adquiridos por la población quiteña.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, 23 demandas de inconstitucionalidad han sido formuladas, respaldadas por la entrega de amicus curiae que abordan la relevancia de mantener las partidas presupuestarias para los programas culturales y sociales. Entre los grupos que apoyan esta acción se encuentran organizaciones como la Asamblea de los 60 y piquito y centros educativos, además de personalidades del ámbito social y cultural que han contribuido a la causa.
